Al igual que en la víspera, los manifestantes marcharon por la carretera Panamericana Norte, que atraviesa cuatro populosos distritos de la llamada Lima Norte y sus voceros exigieron, además de medidas a mediano plazo, acciones policiales y preferentemente militares de protección contra la delincuencia.
A los conductores de autobuses de los municipios de San Martín de Porres, Ancón, Los Olivos y Puente Piedra, se sumaron los de San Juan de Lurigancho, el municipio más poblado del país y en el que han dejado de operar por la amenaza criminal tres rutas de buses.
Ante las protestas, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció la presentación de un proyecto de ley que modifique el Código Penal para penalizar hasta con cadena perpetua los delitos de extorsión y sicariato.
El Ejecutivo anunció una propuesta al Ministerio Público para que cree una Fiscalía especializada en esos delitos que cobran vidas casi a diario y afectan hasta a actividades modestas, como los comedores populares comunitarios que atienden sectores más pobres.
“Hemos dispuesto intensificar los operativos para contrarrestar la delincuencia, en especial las extorsiones” que afectan a los transportistas, dijo a su vez la presidenta Dina Boluarte.
La Policía, por su parte, proyecta un sistema de protección mediante relevos a los autobuses de pasajeros, a tono con las exigencias de los choferes.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, ante los ofrecimientos, dijo que tiene “gran desconfianza en el Ministerio del Interior y en el gobierno”, pues no ve resultados.
Similar escepticismo se expresa en la preparación de un paro general del transporte a iniciarse en Lima el jueves próximo, anunciado por el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valerio.
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