El actual procurador, César Siles, afirmó que Chávez fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarías a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que tienen una pena máxima de 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
De acuerdo con Siles, “el delito de conducta antieconómica está presente en estos 10 contratos. El delito de conducta antieconómica exige un sujeto activo, que es una máxima autoridad ejecutiva, en este caso era el Procurador General del Estado”.
Agregó que en los cerca de tres años de gestión de la exautoridad hubo “una mala administración, decisión y gerencia”.
Por su parte, el director jurídico de la Procuraduría, Aldo Tórrez, informó que la denuncia se centra en 10 de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez, y que fueron sometidos a una auditoría.
El monto global de estas contrataciones suma 11 millones 953 mil 800 bolivianos (más de un millón 700 mil dólares), de los cuales se ejecutaron o pagaron cinco millones 433 mil 603,9 bolivianos (776 mil 229 dólares).
Añadió que entre las irregularidades identificadas está la firma de contratos, porque no “se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor.
Informó que la Procuraduría cuenta con una planta de 200 funcionarios, de los que más de 170 son abogados.
Tórrez mencionó que en uno de esos casos el bufete de abogados no cumplía requisitos previstos en el Reglamento de Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos (…) sean nacionales o extranjeros y otros servicios especializados para la defensa legal del Estado».
Mencionó al respecto la matrícula actual del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), la falta de poder o mandato específico y la ausencia de informe legal que justifique la contratación.
Describió que también fueron descubiertos contratos vigentes (simultáneamente) con el mismo objeto.
Adicionalmente, acotó, se contrataron abogados cuando el arbitraje planteado aún no había iniciado, para una etapa prearbitral, sin que se tenga atribuciones para tal efecto.
En este último caso, el pago al abogado se realizaba por hora y no se garantizaba el cumplimiento de todas las actividades descritas en el propio contrato, dijo.
Siles reveló que estos abogados se daban a la tarea de sumar los minutos de las llamadas que hacían e incluso la duración de los mensajes por WhatsApp para cobrar por su labor.
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