«Esto debe terminar», advirtió el fiscal general Merrick Garland en un comunicado al referirse a que “la violencia contra funcionarios públicos pone en riesgo todo lo que representa nuestro país».
Garland dijo que el Departamento de Justicia «utilizará todas las herramientas disponibles para exigirle cuentas a Ryan (Wesley) Routh”, el individuo acusado formalmente este martes de intentar «matar intencionalmente al expresidente de los Estados Unidos Donald J. Trump, un importante candidato presidencial».
También se agregaron otros dos cargos: posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un oficial federal. De ser declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua.
Con anterioridad a Routh lo imputaron de posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.
Coincidentemente, el caso fue asignado a la jueza de distrito Aileen Cannon -elegida para esa posición por Trump- y quien, pese a críticas , desestimó el caso federal sobre los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca el entonces presidente al finalizar su periodo en el cargo en enero de 2021.
Por cierto, el exmandatario no desaprovechó la oportunidad para acusar al Departamento de Justicia de «restar importancia» al supuesto complot de asesinato en una declaración que hizo el lunes.
Alegó que “el Departamento de Justicia de Kamala Harris/Joe Biden y el FBI están manejando mal y restando importancia al segundo intento de asesinato contra mi vida desde julio” y alegó que en realidad durante mucho tiempo estuvieron obsesionados con ‘atrapar a Trump’.
Mientras, el Senado aprobó también un proyecto de ley para aumentar el nivel de protección del Servicio Secreto al expresidente Trump, lo que lo coloca a un paso de convertirse en ley, menos de dos semanas después de que fuera objeto de un segundo intento de asesinato.
La iniciativa, impulsada por los representantes de Nueva York Mike Lawler (republicano)y Ritchie Torres (demócrata), requeriría que la agencia federal «aplicara los mismos estándares» para determinar cuántos agentes deberían utilizarse para proteger al presidente, al vicepresidente y a los candidatos a cargos a los que se les otorga dicha protección.
El pasado 15 de septiembre, Routh, de 58 años, oriundo de Hawáii y a quien le había negado el miércoles la libertad bajo fianza en un tribunal de Florida, acampó cerca de donde Trump jugaba golf en West Palm Beach para desde un ángulo dispararle, pero fue descubierto por el Servicio Secreto.
En la carta que dejó dirigida «Al mundo» confesó que «fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero le fallé. Hice lo mejor que pude y le di todo el coraje que pude reunir. Ahora depende de usted terminar el trabajo; y ofreceré 150 mil dólares a quien pueda completar el trabajo”.
Al momento de su detención Routh estaba tan tranquilo que fue “desconcertante”, recordó entonces William Snyder, sheriff del condado de Martin.
“Sinceramente, pensé que parecía alguien que acababa de salir del picnic de la iglesia y se dirigía a casa”, enfatizó.
El incidente ocurrió semanas después de que el exgobernante sobreviviera a otro atentado en Butler, Pensilvania, donde fue herido en una de sus orejas, pero se recuperó rápidamente. El atacante, un joven de 20 años, fue abatido por el Servicio Secreto.
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