Yáñez deberá enfrentar el 1 de octubre un proceso de formalización por violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019, lo cual lo obligaría a abandonar el puesto antes de esa fecha.
Sin embargo, y luego de haber sufrido dos reveses en esta semana, su defensa decidió jugar una carta de última hora para dilatar la presentación de cargos.
El nuevo texto entregado a la Corte de Apelaciones señala que el abogado defensor de Yáñez padece una enfermedad cardíaca que le obliga a someterse a exámenes médicos hasta por 90 días.
De aplazarse, sería la segunda postergación de la audiencia del jefe de la policía militarizada, prevista inicialmente para el 7 de mayo, pero suspendida por el homicidio de tres efectivos en la comuna de Cañete, de la región del Biobío.
La formalización contra Yáñez fue solicitada en enero pasado por la Fiscalía Regional Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz, por el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante las protestas de 2019.
Yáñez se desempeñaba como jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución.
La acusación también se extiende al antiguo director de Carabineros, Mario Rozas, y al ex subdirector, Diego Olate, ambos generales retirados.
Durante el estallido social, extendido de octubre de 2019 hasta marzo de 2020, esa policía usó de manera indiscriminada escopetas cargadas con munición altamente lesiva, que ocasionaron 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con trauma ocular.
El abogado querellante Luis Mariano Rendón pidió a la Corte de Apelaciones declarar inadmisible el recurso de amparo que es –dijo- un intento muy poco decoroso del general de rehuir su responsabilidad ante la justicia, actuando con una falta de dignidad en el ejercicio del cargo.
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