La principal imputada por el llamado “Caso Barrenador” por cargos de tráfico de influencias contra la Hacienda Pública declaró este viernes en la vista sobre la adjudicación de servicios para 10 áreas de salud a cinco entes cooperativos, mediante presuntos sobreprecios, señaló el canal Teletica.
Según una de las 28 órdenes de allanamiento a oficinas y viviendas del grupo de enjuiciados en el llamado “Caso Barrenador», los análisis de las gerencias General y Médica de la CCSS sobre esas operaciones monitoreadas por los ocho funcionarios fueron contrarios a los principios de legalidad y de menor costo y eficiencia.
Las alegaciones este viernes de Esquivel durante la audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública por el escándalo de presunta corrupción enfrentaron solicitudes de la Fiscalía sobre medidas cautelares que comprenden la suspensión del cargo por los próximos seis meses.
De acuerdo con un equipo de Telenoticias que cubre la vista en los Tribunales de Goicoechea y abordó a la presidente de la CCSS, esta evitó comentar sobre qué diría en privado ante el juez Paul Fuentes.
El cuarto día de audiencia sobre medidas cautelares del caso Barrenador incluyó la declaración en la mañana de Roberto Quirós, exdirectivo de la CCSS, uno de los imputados del juicio.
Otro ángulo oscuro del proceso, la recuperación de correos borrados en cuentas de las cuentas de los ocho funcionarios de la CCSS procesados, fue considerada “altamente probable” por el experto en ciberseguridad José Adalid.
El analista aseguró a la emisora Extra Radio que las posibilidades de rescatar los alrededor de 300 mensajes eliminados por un usuario desconocido durante las investigaciones “aumentarán si se le pide colaboración a Microsoft”.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, denunció el hecho en las últimas horas y explicó que los textos electrónicos eliminados son necesarios para la investigación en el Caso Barrenador.
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