Esa tendencia política gana espacios entre los votantes germanos y ya venció en las elecciones regionales en el estado oriental de Thüringen a principios de este mes.
Según analistas es de esperar que también aumente su caudal electoral en los comicios legislativos nacionales del próximo año.
En ese contexto el Tribunal Constitucional tiene potestad para decidir si un partido político es una amenaza para el orden democrático del país y el Estado de derecho, y puede tomar medidas, incluida su prohibición total, pero solo los miembros del Parlamento alemán pueden pedir al Tribunal que inicie un procedimiento de este tipo.
Desde hace meses, la opinión pública alemana debate si deben adoptarse medidas contra el partido antiinmigración AfD.
Según el diario Welt y la revista Spiegel, más de los 37 legisladores necesarios para una moción de ese tipo sopesan conjuntamente si deben emprender acciones contra la AfD.
Los legisladores proceden de la alianza conservadora que conforman la Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana (CDU/CSU), el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el partido La Izquierda.
En su proyecto de moción piden que se excluya a la AfD de la financiación estatal y tienen previsto presentar la propuesta a los grupos parlamentarios después del 8 de octubre.
En el proceso judicial, los opositores a la AfD tendrían que demostrar que el partido opera de forma agresiva para socavar la constitución democrática.
El servicio de inteligencia interior clasificó a esa fuerza política como partido sospechoso de extremismo.
Pero los críticos advierten de que los procedimientos serían muy largos y el resultado ante el Tribunal Constitucional, incierto.
ro/ehl
