Más temprano, esa mesa de trabajo suspendió la sesión donde se trataba el proceso contra la funcionaria por desacuerdos de los miembros pertenecientes a las diferentes bancadas legislativas.
Por su parte, Palencia cuestionó el juicio en su contra alegando que no se han precisado ni los hechos que van a ser objeto de prueba ni los medios.
“Yo he actuado toda la vida con responsabilidad social, no he violentado derechos humanos en medio de un conflicto armado. Estoy aquí por respeto al pueblo ecuatoriano y a la Asamblea Nacional“, dijo la funcionaria.
Según el cronograma que estableció Fiscalización para enjuiciar a Palencia, mañana tendrá lugar la presentación de la prueba testimonial y el jueves se prevé la presentación de la argumentación de descargo.
Mientras tanto, este viernes será la comparecencia de los asambleístas proponentes y Palencia.
Hasta el 9 de octubre correrá el plazo para la aprobación del informe de sustanciación del juicio político.
Las acusaciones contra Palencia fueron presentadas por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, legisladores del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Berrezueta basa su solicitud de enjuiciamiento en el papel de Palencia en el asalto de la policía a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, donde aprehendieron al exvicepresidente Jorge Glas, quien recibió asilo político por parte del gobierno mexicano.
Entretanto, Cabezas cuestiona la responsabilidad de la ministra en la permanente crisis de seguridad que afronta el país y en la inexistencia del Plan Fénix, como el presidente Daniel Noboa denominó a su estrategia contra el crimen.
El Ejecutivo asegura que el número de muertes violentas disminuyó este año con los estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, pero los delitos persisten.
Según datos del Ministerio del Interior, de enero a julio de 2024 hubo tres mil 612 homicidios intencionales en todo el país, o sea, unos 17 asesinatos diarios.
Sin embargo, los ciudadanos discrepan con las cifras presentadas por el Gobierno nacional pues esta nación sudamericana enfrenta una nueva ola de violencia en las calles, pese a la presencia de militares y los reiterados estados de excepción.
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