La acusación contra Yáñez es por el delito de “omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” cuando dirigía el departamento de Orden y Seguridad de ese cuerpo militarizado.
Durante las protestas populares, extendidas desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, la policía usó de manera indiscriminada escopetas cargadas con munición altamente lesiva, que ocasionaron 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con trauma ocular.
Para el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos Yerko Ljubetic, Yáñez estaba en ese tiempo a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad y tenía un vínculo específico con toda la oficialidad que comandaba a Carabineros en el terreno.
Si bien a la policía le corresponde mantener el orden público, sus métodos deben estar enmarcados en el pleno respeto a los derechos humanos y eso claramente no ocurrió en tiempos de la revuelta y por tanto se debe perseguir las responsabilidades institucionales, dijo a la Radio Futuro.
Ljubetic consideró que Yáñez tenía “el deber de impedir que ocurriera lo que ocurrió y no lo hizo”.
Incluso, denuncias hechas aquí señalan que el 28 de octubre, 10 días después del inicio de las masivas manifestaciones contra la desigualdad y el modelo neoliberal, ya se sabían los efectos que estaban ocasionando las escopetas antidisturbios y no se suspendió su uso.
Karina Fernández, abogada defensora de numerosas víctimas, criticó la actitud obstruccionista del jefe de Carabineros, quien interpuso diversos recursos con el fin de aplazar el proceso, previsto inicialmente para el 7 de mayo.
Después de sufrir varios reveses, Yáñez se vio precisado a renunciar a la jefatura de la policía el pasado viernes.
La acusación también se extiende al antiguo director de Carabineros Mario Rozas y al ex subdirector Diego Olate, ambos generales retirados.
oda/car
