El 17 de septiembre, el Buró de la Asamblea votó aceptable la demanda promovida fundamentalmente por el partido La Francia Insumisa, por lo que el nuevo paso de este miércoles es valorar si el Parlamento bicameral puede convertirse en una “Alta corte” para sostener el avance del proceso.
Según analistas, la iniciativa tiene escasas posibilidades de éxito, por el apoyo que requiere en ambas cámaras, la Asamblea Nacional y el Senado.
Incluso en las filas del bloque de la izquierda Nuevo Frente Popular no existe unanimidad en el acompañamiento a la destitución, con los socialistas que ya adelantaron que no votarán a favor de la misma, al considerar que está destinada al fracaso y por tanto a otorgarle “una nueva legitimidad” a Macron.
El argumento del proceso es que el jefe de Estado marginó la voluntad popular en las urnas, al descartar permitir a la izquierda formar gobierno.
En las legislativas de julio, el Nuevo Frente Popular fue la lista que más diputados logró, con 193, aunque lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (289), por lo que exigió el nombramiento de Lucie Castets como primera ministra, solicitud desechada por el presidente, quien designó el 5 de septiembre a Michel Barnier.
La Constitución francesa en su artículo 68 establece que el presidente de la República puede perder el cargo en caso de “incumplimiento manifiesto de sus funciones”, al actuar de manera “incompatible con el ejercicio de su mandato”.
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