Mediante el decreto 873/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de La Libertad Avanza precisó que, según la ley 23 696, se podrá optar por la comercialización de los activos de la compañía de bandera, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones; la locación o administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; y la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras.
Además, indicó que el proceso puede abarcar la transferencia a una o varias personas humanas, jurídicas privadas o públicas.
Para tomar esa medida, el Gobierno de Javier Milei se basa en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, el cual modifica o elimina más de 300 normativas, declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, y dispone un programa general de desregulación.
Además, justifica su decisión con la necesidad de “un reordenamiento integral de la legislación aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas”.
Recientemente, el mandatario aprobó la entrega de autorizaciones para operar en el mercado aerocomercial argentino a extranjeros y estableció la política de cielos abiertos, lo cual fue fuertemente cuestionado por los sindicatos del sector por considerar que entrega la soberanía nacional y es un intento de destruir Aerolíneas.
La declaración de esa empresa como sujeta a privatización debe ser aprobada por el Congreso.
Durante las últimas semanas, los trabajadores aeronáuticos realizaron varios paros y protestas contra las medidas de Milei y esta jornada se sumarán a la marcha federal en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.
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