El 18 de octubre de 2019 comenzaron en esta capital una serie de protestas contra el aumento del precio del Metro, que se extendieron a todo el país y fueron reprimidas por las fuerzas del orden con saldo de unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños oculares.
Esta semana comenzó el proceso de formalización contra el hasta hace poco jefe de Carabineros Ricardo Yáñez, que en 2019 lideraba la Dirección de Orden y Seguridad, así como contra Mario Rozas, quien encabezaba la institución en ese momento, y el ex subdirector Diego Olate.
La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, los responsabiliza por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios.
Aunque en un inicio se preveía que enfrentarían cargos por mil 386 casos, Chong decidió enfocarse en 228, donde las víctimas resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases que provocaron lesiones graves o muertes.
Dentro de los hechos mencionados estuvo el de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió el sentido de la vista, el olfato y el gusto debido a una granada lacrimógena lanzada por un efectivo de esa policía militarizada.
Dichos uniformados utilizaron armas antidisturbios sin guardar una distancia segura de disparo, lo cual viola las reglas sobre el uso de la fuerza y el manual de operaciones para el control del orden público, dijo.
Afirmó la Fiscal que los otrora altos mandos no cumplieron con el control y reglamentación del uso de armamentos y municiones, ni con el cumplimiento de los derechos humanos y el deber de vigilancia.
Hubo uso abusivo de estas herramientas y faltó supervisión, afirmó.
Chong citó informes de la misión de la ONU y organizaciones en Ginebra, según las cuales dos meses después del inicio de las manifestaciones fueron atendidas 13 mil 46 personas en los servicios de urgencia, de las cuales 641 fueron hospitalizadas y 50 estuvieron en riesgo vital.
La Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social calificó la presentación de cargos como un hito histórico en Chile y Latinoamérica y un paso significativo hacia la justicia y contra la impunidad.
Luego de dos días de sesiones, el juez Cristián Sánchez suspendió la audiencia hasta el 14 de octubre.
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