El mecanismo reconoce a estos menores como víctimas y ordena su traslado a las autoridades civiles dentro de las 24 horas siguientes a su liberación de un grupo o fuerza armados.
Asimismo, establece procedimientos claros para la reunificación familiar y para la reintegración de los menores a la sociedad.
La representante especial de la Secretaría General de la ONU para niños en conflictos armados, Virginia Gamba, acogió con satisfacción su anuncio a inicios de la semana.
En febrero de este año, Gamba urgió a tomar medidas para prevenir las graves violaciones contra la infancia en el actual conflicto de República Centroafricana.
Esa población se ha visto especialmente afectada por los reclutamientos de diferentes grupos armados, alertó entonces durante un encuentro del Consejo de Seguridad.
“La triste realidad es que los niños de República Centroafricana siguen viéndose afectados por el impacto de los conflictos armados. Tenemos que basarnos en los logros anteriores pero, lo que es más importante, tenemos que aplicar medidas concretas de protección de la infancia”, dijo.
La experta estimó que entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2023 se verificaron mil 432 violaciones graves contra más de un millar de niños, lo que representa un 14 por ciento menos que el anterior periodo.
Entre todas estas violaciones graves, el reclutamiento de menores fue el más común, seguidas por los secuestros y la violencia sexual.
En torno al 20 por ciento de las violaciones de los derechos de la infancia fueron cometidos por fuerzas asociadas al Gobierno.
La infancia en el país ha sido especialmente vulnerable a ataques contra comunidades por su supuesto apoyo a diferentes facciones políticas, y en los que ha menudo se han usado explosivos «de forma indiscriminada, reconoció a inicios de año un informe presentado por Gamba.
mem/ebr
