El aviso hace referencia a una normativa (ley de protección a la soberanía) que entró en vigor en diciembre y creó una autoridad gubernamental con el poder de obtener información sobre cualesquier grupos o personas que se beneficien de financiación extranjera e influyan en el debate público.
El gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hoy al frente del mecanismo comunitario, sostiene que la ley está diseñada para evitar que partidos políticos reciban financiación del extranjero para sus campañas.
Sin embargo, sus opositores piensan que el lenguaje amplio de la normativa puede usarse para atacar arbitrariamente a los críticos del gobierno, como organizaciones no gubernamentales y periodistas.
Cualquier persona condenada por una infracción a esta ley puede enfrentar períodos de prisión de hasta tres años.
En ese contexto Comisión Europea (CE) señaló que llevaría a Hungría ante la Corte de Justicia porque no había abordado las preocupaciones sobre probables violaciones a los derechos fundamentales de la Unión, entre ellos, el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión y asociación.
También agregó que la oficina de protección de la soberanía tiene poderes tan amplios que puede intervenir de forma intrusiva en las investigaciones.
Los amplios poderes y discreción de la oficina afectarán de manera desproporcionada a un amplio sector de personas y entidades, entre ellas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas’, señaló la CE.
mem/ehl
