El texto sanciona hasta con cadena perpetua a quienes realicen actos que creen zozobra en la población e incluye el aumento de penas de cárcel, que pueden llegar a 15 años, para quienes bloqueen carreteras o calles o interrumpan servicios públicos.
El dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Gustavo Minaya, declaró al respecto a Prensa Latina que el Gobierno aprovecha la angustia de la población por el desborde de la delincuencia para seguir criminalizando las protestas sociales.
“Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, manifestó el dirigente al descalificar el proyecto gubernamental, que fue desestimado por el Congreso para priorizar el debate de proyectos similares de legisladores.
Por su parte, el Comité de Gremios, que congrega a más de 30 agrupaciones de transportistas, manifestó su oposición a una norma como la planteada por el Ejecutivo.
Amplios sectores consideran que tanto el proyecto gubernamental como los presentados antes en el Parlamento sobre terrorismo urbano dejan intocada una norma aprobada por el Congreso que disminuye la severidad contra las organizaciones criminales.
Un bloque de transportistas ha advertido que si el Legislativo no anula esa norma, habrá un paro nacional de choferes, bodegueros y micro y pequeñas empresas, entre otros sectores.
“Crean palabras y se llenan la boca con ‘terrorismo urbano’ pero no toman medidas que útiles en la lucha contra la delincuencia, como derogar la ley que favorece al crimen organizado”, dijo la legisladora centrista Flor Pablo.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que la ley proyectada solo tiene sentido por su proyectado efecto disuasivo.
La norma proyectada recibe fuego graneado sobre todo de juristas, como el abogado del ministro Santiváñez, Carlos Caro, quien opinó que el Gobierno y el Congreso pretenden crear el delito de “terrorismo urbano” lo cual consideró intrascendente.
Similar punto de vista manifestó el abogado Luciano López, quien, además, calificó como contrario a la constitución el proyecto oficial de una ley para que militares y policías sean juzgados por cortes militares por hechos registrados durante estados de emergencia como el decretado en 12 municipios de Lima ante la criminalidad.
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