En declaraciones a la emisora radial AM 750, Caamaño acusó al ministro de Justicia Mariano Cúneo de difundir noticias falsas sobre la cantidad de alumnos y los gastos de esa entidad.
“Tenemos 272 graduados, de los cuales 221 se recibieron en el instituto que precedió a la UNMA, la cual va a cumplir un año por lo que obviamente no tiene egresados todavía. No obstante, hay miles de estudiantes que se formaron en su antecesor”, explicó la rectora.
A ello hay que sumarle 45 títulos en trámite más 32 estudiantes a los que no se les pudo iniciar el proceso porque desde el inicio del gobierno negacionista de Javier Milei no nos llega el dinero, añadió.
Asimismo, señaló que durante los 10 meses de gestión de La Libertad Avanza, los profesores y trabajadores no docentes no pudieron cobrar sus salarios ni se dispuso de la cantidad necesaria para los gastos de funcionamiento.
Tenemos muy poco personal y nuestra cuenta está en cero. No tenemos servicio de limpieza y nos cortaron el servicio de Internet por impago, dijo.
Creada por Hebe de Bonafini (1928-2022) con el objetivo de difundir el conocimiento como herramienta de transformación, la UNMA logró en 2023 la autonomía y el financiamiento público necesario, tras una votación clave de diputados y senadores.
Durante los últimos tiempos, sus profesores y alumnos condenaron la ocupación del centro de altos estudios por la Policía Federal, el retiro de fondos, el desconocimiento de las autoridades electas y el nombramiento de un interventor por el Gobierno.
Recientemente, las Madres informaron que el Juzgado Federal 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín suspendió la intervención de la universidad, tras un amparo colectivo presentado contra el Ejecutivo.
El tribunal ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 45/24 que dispuso la revisión de la creación de la UNMA en clara violación de la autonomía universitaria.
También ordenó la reapertura de la sede de la misma en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y que se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden, indica un comunicado de las mujeres cuyos hijos fueron arrebatados por la última dictadura cívico-militar 1976-1983).
El juzgado precisó que las acciones del Ministerio de Capital Humano constituyen una injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo y consideró que podrían generar un grave perjuicio a los profesores, estudiantes y trabajadores no docentes.
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