El presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, precisó que la paralización de 24 horas fue acordado por 90 por ciento de las agrupaciones del sector y se espera la participación de la Asociación de Bodegueros y otras organizaciones.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, uno de los promotores del paro del transporte urbano de Lima del 26 de septiembre último, planteó inicialmente que el paro nacional se ejecute si el Parlamento no anula una ley que disminuye el enfrentamiento a la delincuencia.
Según su criterio, el código aminora la drasticidad de la lucha contra el crimen organizado, al establecer mayores requisitos para la definición de una agrupación delictiva y reducir el factor sorpresa de los allanamientos a investigados.
El dirigente rechazó los proyectos que evalúa el Congreso, para tipificar las acciones que crean zozobra como “terrorismo urbano”, medida que critican la mayoría de los juristas y diversos medios de prensa que la consideran innecesaria y excesiva.
Adicionalmente, el Gobierno presentó un proyecto de aumento de penas de cárcel por bloqueos de carreteras y obstaculización de servicios públicos y otro para que los presuntos delitos de militares y policías durante los estados de emergencia, como los que rigen en 14 municipios de Lima, sean juzgados por cortes militares lo que cuestionan importantes juristas.
Pese al despliegue de la Policía con eventual respaldo militar, los asesinatos por extorsión continúan en esta capital, donde en los cinco primeros días de la medida de excepción, hubo nueve crímenes por tal motivo.
La magnitud de los asesinatos por chantajes se expresó en las cifras oficiales de ese tipo de crimen, con un total de 369 muertes en los ocho primeros meses del año; es decir 46 por mes.
El registro policial de denuncias de esa forma de coacción, difundido hoy, consignó que en el mismo lapso hubo 14 mil 220 denuncias por extorsión en todo el país, es decir 59 por día y una cada 24 minutos.
La situación se agrava con la precisión de que solo 27 por ciento de las víctimas denuncian el chantaje y la gran mayoría no lo hace porque cree que es en vano o porque no confía en la Policía.
npg/mrs
