Mediante una declaración, la Cancillería condenó la puesta en libertad de Alexander Alazo, individuo que el 30 de abril de 2020, en plena calle, disparó 32 cartuchos con ametralladora contra la embajada de Cuba en ese país, en cuyo recinto se encontraban siete personas.
«Este suceso, en una avenida céntrica de Washington, la capital estadounidense, contra una sede diplomática y con el objetivo declarado de causar daño, calificaría en cualquier país como un acto terrorista», subrayó la declaración.
No sucede así en Estados Unidos y menos aún cuando se trata de una acción violenta contra Cuba, precisó.
El Minrex recalcó que el gobierno estadounidense rehusó en todo momento calificar ese acto «como lo que es, y en ningún momento tuvo la intención de procesar al perpetrador como terrorista, a pesar de que la naturaleza sus actos están explícitamente tipificados en la legislación estadounidense contra ese flagelo».
Asimismo, se refirió al largo historial de la nación norteña como ejecutora o como cómplice tolerante del terrorismo y de actos violentos contra Cuba. «La protección y respaldo a connotados terroristas forma parte de la hoja de conducta de ese país», acotó.
La Cancillería informó que un experto en psiquiatría del gobierno estadounidense, en acuerdo con los abogados de la defensa, dictaminó que Alazo no era “criminalmente responsable” al momento de llevar a cabo la agresión, por lo que fue hallado no culpable, aun cuando sus actos muestran que es un peligro para la sociedad, conforme ya había opinado otro dictamen ante la corte.
Detalló que las autoridades del sistema de justicia de ese país prefirieron ignorar las evidencias sobre los vínculos y contactos de Alazo con grupos e individuos radicados en el sur del estado de Florida con trayectoria y antecedentes agresivos contra Cuba, incluyendo la promoción de la violencia y el terrorismo.
Cuba, recordó, es un país víctima del terrorismo organizado, financiado y ejecutado desde territorio de Estados Unidos, con la experiencia desgarradora de tres mil 478 cubanos víctimas mortales y dos mil 99 lesionados con incapacidades.
La declaración subraya que la nación caribeña tiene una posición firme y categórica contra ese flagelo, incluyendo el terrorismo de Estado, y tiene el deber de reclamar al Gobierno estadounidense una conducta seria, responsable y honesta cuando un acto de esa naturaleza se comete contra la embajada de Cuba y el personal cubano allí designado.
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