El director de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Luis José Bonilla, reconoció que esta división es una de las más beneficiadas en materia fiscal, pero comentó que también es uno de los pilares de la economía, con un crecimiento de un 14 por ciento en agosto pasado. Vale mencionar que República Dominicana cerró el 2023 con 820 empresas de zonas francas en operación, 46 más que en 2022, de acuerdo con el “Informe Estadístico Zonas Francas 2023”.
Del total de empresas, las de tabaco y sus derivados lideran las actividades productivas, seguidas por Confecciones y Textiles.
Acerca del tema, el titular de la Asociación de Industrias Julio Brache sostuvo que solo aspiran a que la reforma “no le apague los motores a la industria, de manera tal que siga trabajando, generando empleos y siendo competitiva”.
Indicó que la Ley 392-07 de Proindustria es una base importante para que las industrias nacionales adecuen sus maquinarias y su capacidad de producción para competir con los mercados internacionales.
En tanto, los profesionales de la industria cinematográfica resaltan el impacto económico y cultural que tienen hoy los incentivos fiscales de la Ley de Cine 108-10, la contribuye a la atracción de inversión extranjera y a la creación de empleo.
Cinedominicano.com publicó recientemente que en medio de los debates sobre la reforma fiscal, los profesionales de esa rama defienden que cualquier cambio debe ejecutarse de manera responsable y teniendo en cuenta las particularidades del sector.
En ese sentido, alertaron que una “eliminación o transformación mal planteada de los incentivos podría acabar con la industria”, de ahí que pidan ser parte de la mesa de diálogo.
De acuerdo con el ministro dominicano de Economía, Pável Isa Contreras, la propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo busca controlar el déficit público y fortalecer la capacidad del Estado para suplir las necesidades fundamentales de la población.
Contreras señaló en septiembre pasado que dicha reforma también va a procurar poner al Estado en la capacidad de financiar la educación, salud, energía, seguridad pública, protección del medio ambiente y justicia.
Explicó que, desde 2008, los déficits públicos moderados han sido una constante en las finanzas dominicanas, con la excepción de 2020 por los efectos de la pandemia de la Covid-19.
No obstante, indicó que esos déficits se han prolongado por tiempo, lo que obliga al Gobierno a plantearse la introducción de una reforma en los tributos y el gasto público para colocar esa deuda en una senda más sostenible, de forma tal que su peso se alivie en unos años.
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