La consulta busca introducir cambios en el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura.
Este plebiscito se pondrá a consideración en las elecciones departamentales de mayo del año próximo, si cumple con los requisitos que establece la Corte Electoral.
La Corte depurará las rúbricas, que deben alcanzar el 10 por ciento del padrón electoral.
“La expectativa de Cabildo Abierto es poner a consideración de la gente este tema, que afecta a un montón de uruguayos y va a afectar mucho más si no se les pone coto a los intereses de las instituciones financieras”, valoró el senador cabildante Guillermo Domenech.
La reforma busca que la ley defina “el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”.
Además, pretende que no se pueda “delegar a ninguna autoridad la determinación del interés máximo”.
La propuesta añade la posibilidad de que “todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, extranjera o en unidades reajustables, puedan “ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido”.
Domenech consideró que la actual legislación permitió a las financieras «cobrar intereses que significan estrujar el bolsillo de los menos privilegiados de nuestra sociedad».
“Esa es una muestra de que el liberalismo económico requiere correcciones», apuntó.
El legislador consideró «sorprendente» que la iniciativa contra la usura no consiguiera aceptación por el resto de las fuerzas políticas, incluidos los partidos de la coalición de gobierno que Cabildo Abierto integra.
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