En un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina, los firmantes exigieron el cese de esa medida discriminatoria y pidieron que los procesos migratorios se realicen de conformidad con los estándares de derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales.
El documento fue firmado este martes por Solidaridad Dominicana con Haití, Partido Patria para Todos y Todas y el Movimiento Caamañista-MC: Narciso Isa Conde, Acción Afro-Dominicana, Partido Comunista del Trabajo y Fuerza de la Revolución.
Asimismo, reclamaron una investigación exhaustiva de los casos de violencia y abuso con el fin de sancionar a los responsables, así como la devolución inmediata de la documentación confiscada o destruida a migrantes y a ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.
Instaron a las autoridades nacionales, además, a respetar y garantizar los derechos y la protección de los niños afectados por estas acciones.
«Desde comunidades negras nos llega la información de que Migración penetra en los hogares, incluso de madrugada. También nos informan del terror de familias completas, que han tenido que abandonar sus casas y dormir hasta en los montes», advirtieron.
Las organizaciones manifestaron que el gobernante Abinader «no ha tomado en cuenta a los dignos trabajadores haitianos que tienen hasta cinco y seis décadas residiendo en este país, ni a sus desnacionalizados hijos, nietos y bisnietos que hoy andan con miedo».
De acuerdo con esas agrupaciones «hay denuncias de que a los efectivos de la Dirección General de Migración (DGM) no les importa que los haitianos detenidos estén legales, ya que como quiera los apresan y expulsan, quitándoles sus documentos».
Expresaron que la migración no es invasión, sino un fenómeno mundial creciente que amerita contrarrestar sus causas, controlar sus flujos y regular los procesos y sus impactos, apegados a derechos inalienables y pactos internacionales firmados por el Estado dominicano.
Pidieron el apoyo de organismos internacionales, como las agencias especializadas de las Naciones Unidas, para que observen de cerca la situación, ofrezcan asistencia técnica y humanitaria, y aseguren que Santo Domingo cumpla con el respeto a los Derechos Humanos.
La semana pasada el Gobierno inició un operativo para la deportación masiva de ciudadanos de la nación fronteriza, en momentos en que Puerto Príncipe vive una de las mayores crisis de su historia en lo político, económico y social.
En las jornadas de detención, que iniciaron el jueves último, participan las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ministerio Público, entre otros organismos.
Cerca de ocho mil ciudadanos han sido devueltos desde el comienzo del operativo, de acuerdo con cifras manejadas la víspera por la DGM.
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