Según la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), en 2023 ocurrieron siete mil 184 agresiones en los servicios a lo largo del país, una cifra en aumento durante el presente año.
Al referirse al tema, la ministra del Interior Carolina Tohá anunció que el próximo viernes se realizará una reunión del Gabinete Proseguridad donde se van a analizar distintas alternativas.
Entre ellas mencionó colocar más cámaras y mejores sistemas de iluminación y comunicación.
Interrogada sobre la posibilidad de poner vigilantes armados en el interior de los centros de salud, dijo que eso se está evaluando y estudiando en profundidad porque ello implicaría una logística y esfuerzos más grandes.
“Los vigilantes requieren una serie de elementos, condiciones y exigencias más altas. Por eso no es llegar y decidirlo”, dijo la titular en conferencia de prensa.
El tema fue analizado también durante una reunión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con dirigentes de la Confusam.
La jefa de la cartera explicó que, si bien se debe seguir avanzando, desde 2022 se distribuyeron más de tres mil 900 millones de pesos (cuatro millones de dólares) para medidas de seguridad en los municipios, entre ellos los llamados botones de pánico.
Gabriela Flores, presidenta de Confusam, expresó, por su parte, que el interés del gremio es proteger sobre todo a los servicios de atención primaria, los cuales son la primera línea.
“En Alto Hospicio, en el norte del país, nuestra gente trabaja con chaleco y cascos antibalas”, denunció.
El tema salió a la palestra a raíz de dos hechos de violencia registrados en Centros de Salud Familiar de las comunas de La Granja y Puente Alto.
Al primero de ellos llegó un adolescente apuñalado en la espalda y minutos después un individuo armado ingresó al lugar con la intención de matarlo.
Mientras, en el consultorio de Bajos del Mena, de la municipalidad de Puente Alto, narcotraficantes amenazaron de muerte a funcionarios si atendían a los heridos de bandas rivales.
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