El jefe de esa entidad en el país, Marco Livio Díaz, explicó que 21 empresas involucradas presentaron amparos y a 10 les fueron concedidos por un tribunal, por lo cual ya impugnaron cada uno de estos ante la Corte Constitucional.
En conferencia de prensa, el funcionario expresó que de 2021 a 2023 detectaron facturación sin sustancia económica que suma 517,2 millones de quetzales; más 300 millones que denunciaron por impuestos.
Esto suma 800 millones de quetzales (casi 104 millones de dólares) que faltan al erario nacional, amplió el superintendente, quien recordó que la investigación surgió por la baja cuantía en el pago de impuestos.
También –añadió- porque la mayoría de las 410 empresas, que según la SAT conforman la presunta estructura dedicada a la defraudación tributaria, tienen un mismo representante legal, notario y socios.
Asimismo, acotó, en algunos casos no se localizaron los domicilios de las empresas, o hubo alteración de documentos de registro.
Díaz comentó que señaladas se acercaron a la SAT para una nueva habilitación, para lo cual buscan cambiar la dirección y documentos. A estas, en cambio, les negamos tal proceso porque consideramos son empresas falsas, remarcó.
Contó que el pasado 13 de agosto la entidad denunció a 35 contribuyentes por la posible comisión de delitos tributarios, y el 10 de septiembre último ampliaron contra otros 206.
Aunque el resto no emitieron facturas, las deshabilitamos para que no puedan realizar operaciones comerciales, porque se inscribieron con documentación falsa, afirmó Díaz
Algunas empresas –describió- se acercaron a la SAT para solventar su situación tributaria, por lo que recuperamos 24,1 millones de quetzales (poco más de tres millones de dólares) en impuestos.
“El Ministerio Público está haciendo su investigación y cuando termine presentará las denuncias correspondientes”, enfatizó.
Nosotros como querellantes adhesivos en el caso solicitamos órdenes de captura y los tribunales no las entregaron, advirtió, mientras consideró urgente tenerlas.
Todavía es una investigación intermedia, falta bastante trabajo que hacer, por lo menos el caso tendrá otro año, reflexionó.
El B410 transcurrió durante el gobierno anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, divulgó antes el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
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