En conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que se trata de una nueva línea de las operaciones de esa estructura con implicaciones directas en el centro asistencial.
Hallamos un patrón criminal de compras en torno a comisiones, fraccionamientos sobre costos, entre otras acciones enfocadas en que que los integrantes de la red pudieran “enriquecerse indebidamente a costa de quitarle la salud a los guatemaltecos”, amplió.
El impacto directo de este fraude es la salud de las personas que utilizan este centro asistencial y no lo vamos a permitir, subrayó el funcionario.
La crisis arrastrada y deliberadamente mantenida por gobiernos anteriores está llegando a su fin, remarcó Palomo.
Más que nunca las aristas de este caso deben ser investigadas a plenitud por el Ministerio Público, pidió, y mencionó que la cifra defraudada al hospital asciende a aproximadamente 11 millones de quetzales (poco más de 1,4 millones de dólares).
El comisionado nacional contra la Corrupción, Julio Flores, describió que el caso B410 se relaciona con una serie de estructuras jurídicas que defraudaban al fisco en este territorio centroamericano.
Sin embargo, acotó, también existen suficientes indicios para poder hablar además de una “grave red de corrupción” que, añadió, es lo que es precisamente se acreditó hoy.
En seguimiento a las instrucciones del presidente Bernardo Arévalo iniciamos un proceso exhaustivo de verificación de los contratos del Estado con las entidades vinculadas con esa estructura, enfatizó.
Ubicó el origen del problema en acciones desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y una sociedad relacionada con el B410.
El oficial de Asuntos de Probidad de la cartera sanitaria, Mynor Melgar, refirió un fenómeno de corrupción que responde a un patrón institucionalizado particularmente entre los años 2022 y 2023.
Asimismo, aseveró, no solo es el San Juan de Dios, sino varios hospitales que presentan el mismo esquema de defraudación en su patrimonio.
Advirtió que individualizaron a los responsables para que se inicie un proceso de investigación, al tiempo en que se plantearon acciones contra al menos dos exdirectores del centro y otras exautoridades en seguimiento a las irregularidades.
El B410, considerado el mayor fraude fiscal en la historia de Guatemala, transcurrió durante la administración anterior (de Alejandro Giammattei 2020-2024) con el fin de enriquecer a unos pocos, divulgó antes el mandatario del país.
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