La iniciativa expuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Antoine Armand, enfrentará un camino complicado en el Parlamento durante el otoño, por lo que el primer ministro Michel Barnier no descartó apelar al polémico artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite adoptar normas sin el voto en la Asamblea Nacional y el Senado.
El texto que será debatido a partir del 21 de octubre en la Asamblea, donde se prevé su voto el 29, incluye una reducción de gastos por 41 mil millones de euros y un incremento de los ingresos por 19 mil millones.
Entre las medidas más sonadas están la contribución excepcional de las grandes empresas y la aplicación de una tasa impositiva a las mayores fortunas.
También resaltan en el presupuesto para el 2025 la disminución en los gastos del Estado, con el recorte de dos mil 200 plazas de funcionarios, y en las erogaciones sociales.
Barnier encabeza un gobierno integrado por oficialistas y conservadores que camina por la cuerda floja, ante la abierta oposición de la izquierda, la cual ya promovió sin éxito una moción de censura, y la vigilancia de la extrema derecha.
En este escenario, las discusiones en torno al presupuesto prometen ser bien tensas.
El proyecto de ley tiene la mira en el saneamiento de las finanzas, considerando que Francia pudiera cerrar el año con un déficit público superior al seis por ciento del Producto Interno Bruto, mientras la deuda se sitúa en el 112 por ciento.
La meta del primer ministro es reducir el déficit a un cinco por ciento en 2025 y a un tres en 2029.
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