De acuerdo con la resolución del máximo tribunal, dada a conocer por su presidente, Ricardo Blanco, Vivanco incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia inherentes a los miembros de la magistratura.
La jueza está inculpada en el llamado “Caso audios”, el cual estalló al revelarse una serie de chats, en los cuales le pide ayuda para ser ratificada en el cargo al influyente penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por lavado de activos, sobornos y delitos contra el fisco.
Ya en el puesto, Vivanco le hizo numerosos favores a Hermosilla, desde intentar vetar designaciones de jueces, hasta apoyar el ascenso de otros, además de compartir información por causas de interés, lo cual califica como tráfico de influencias.
Para el diputado Marcos Ilabaca, del Partido Socialista, es necesaria una reforma que aborde de manera integral las falencias estructurales del sistema y no limitarse al nombramiento de jueces.
Consideró Ilabaca que la remoción de la magistrada es solo la puerta de entrada para volver a creer en el poder judicial.
Para la Federación de Acceso a la Justicia, la destitución de Vivanco representa un pequeño paso hacia la recuperación de la confianza ciudadana, sin embargo, advirtió, es necesario reformular la integración y funcionamiento de un poder fundamental del Estado.
Marcelo Inostroza, presidente de ese gremio que representa a trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, llamó a defender la independencia, transparencia y el profesionalismo de este Poder del Estado.
Insistió, además, en la necesidad de reformular el sistema de conformación de los Tribunales.
Sobre la recién destituida jueza Ángela Vivanco pesa también una acusación constitucional en el Senado que busca inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos.
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