El miércoles la Cámara de Diputados aprobó por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones el juicio político contra Vivanco, quien está inculpada en el escándalo de corrupción conocido como Caso Audios.
Este hecho estalló al revelarse una serie de chats donde la jueza le pide ayuda para su ratificación en el cargo al influyente penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por lavado de activos, sobornos y delitos contra el fisco.
A cambio de esto, Vivanco le hizo numerosos favores a Hermosilla, desde intentar vetar designaciones de jueces, hasta apoyar el ascenso de otros, además de compartir información por causas de interés, lo cual califica como tráfico de influencias.
La próxima semana el caso será debatido en el Senado, donde se espera inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos.
La magistrada sufrió también otro revés cuando la Corte Suprema decidió por unanimidad removerla de su puesto por “incurrir en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia” que rigen ese organismo.
Para la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, el Caso Audios, en el cual están involucrados personajes del poder judicial, empresarios y políticos de la derecha, es el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente del país.
“Estamos hablando de una red muy profunda de cuello y corbata que ha querido corromper, a través de conflictos de interés o de tráfico de influencias, a distintas instituciones del Estado”, dijo Vallejo en conferencia de prensa en La Moneda.
A raíz de estos hechos, numerosas voces insistieron en la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial que aborde de manera integral todas sus falencias, en aras de volver a recuperar la credibilidad de ese sistema.
El Parlamento estuvo también centrado esta semana en la Acción Constitucional presentada por el ultraderechista Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, por la inseguridad prevaleciente en el país, un problema heredado de administraciones anteriores.
Sin embargo, el libelo acusatorio que pretendía apartarla del puesto e inhabilitarla políticamente, fue rechazado por 76 votos en contra, 67 a favor y siete abstenciones, tras haber sido desestimado antes por una comisión revisora.
Varios diputados advirtieron que la acusación carecía de sustento y denunciaron que más bien se trataba de una estrategia mediática a pocos días de las elecciones municipales y regionales y un intento de la derecha por esconder los escándalos de corrupción que la golpean.
Para el diputado Jorge Brito este libelo tenía como único propósito sacar de la carrera presidencial a una eventual candidata, como Tohá.
Brito exigió a la derecha trabajar por Chile, unirse y tramitar las urgencias sociales que el país necesita, como las legislaciones en materia de seguridad.
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