Ese sindicato, afiliado al PIT-CNT, inició un ronda de reuniones con candidatos presidenciales para las elecciones del 27 de octubre, a quienes presentó un documento con diagnósticos y propuestas sobre el sistema financiero nacional y las amenazas que enfrenta.
Según el texto, en el año 2022 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) incluidos los casos remitidos a la Fiscalía y los detectados por la Unidad de Información y Análisis Financiero fueron mínmos: apenas 15 y 12, respectivamente.
El informe, citado por la publicación Caras y Caretas, considera alarmante que durante el año 2023 solo se registraron dos condenas por lavados de activos, y ambas fueron encaradas por la justicia mediante procesos abreviados.
«Estas cifras reflejan las dificultades que atraviesa el sistema antilavado del país», concluye el documento.
Refiere dificultades de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), creada en 2015, la cual presenta falta de recursos económicos y humanos que obstaculizan la labor de esa dependencia, según AEBU.
Añade que las carencias presupuestarias «limitan la capacidad de los organismos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, monitorear adecuadamente a los sujetos obligados y realizar las condenas pertinentes».
El informe del sindicato bancario considera que la principal amenaza en la lucha contra el lavado de dinero es el narotráfico, seguido por las estafas.
Según la última Evaluación Nacional de Riesgos de la Senaclaft, «Uruguay ha dejado de ser simplemente un país de tránsito de drogas y ahora se ha convertido también en un lugar de acopio y producción de estupefacientes».
Sin embargo, los controles distan mucho de mejorar su eficiencia, por ejemplo, en las direcciones nacionales de Migración y Aduanas, también por falta de presupuesto. El contrabando es otro factor influyente en este tipo de delitos, apunta el estudio.
En comparación con otros países de la región, Uruguay señala un número significativamente menor de operaciones sospechosas.
Mientras que en 2020 se reportaron en Uruguay menos de 700, en Argentina y Perú registraron más de 39 mil y 10 mil, respectivamente.
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