El sondeo de la empresa privada Datum arrojó una aprobación a la mandataria de cinco por ciento y una desaprobación que aumentó de 91 a 92 por ciento respecto al mes pasado, mientras el Parlamento, sostén político del Ejecutivo, registró 88 por ciento de desaprobación y 9 por ciento de aprobación.
También figuran con alto rechazo el primer ministro, Gustavo Adrianzen, y los titulars del Interior y Economía.
Las cifras, que el Gobierno desdeña, se publican tras un exitoso paro de transportistas de dos días, el cual tiende a escalar por la convocatoria a una huelga nacional que llama a todos los sectores.
El movimiento, con una alta dosis de espontaneidad, pasó además de la demanda de seguridad ante la extorsión masiva y su secuela de asesinatos, a la de exigir el cese del Gobierno y del Parlamento.
La drástica medida, cuya fecha de inicio está pendiente, se debe, según los dirigentes de la protesta, a la desatención del Ejecutivo y el Legislativo a la demanda generalizada de nulidad de una ley que suaviza el código contra las organizaciones criminales.
El Gobierno no puso reparos a la norma legal cuestionada, pese a que, según opiniones jurídicas, favorece a la delincuencia, aunque algunos jueces, discrecionalmente, se niegan a aplicarla porque contradice compromisos internacionales que tienen jerarquía constitucional.
El movimiento de protesta demanda también que el Legislativo no apruebe la llamada ley de “terrorismo urbano”, por la convicción de que será usada para reprimir las protestas.
Rechaza igualmente un proyecto gubernamental la cuaol busca que policías y militares sean juzgados por sus propios tribunales por delitos cometidos en operaciones durante estados de emergencia.
La respuesta del Gobierno fue, según la congresista Ruth Luque, criminalizar la protesta, insinuando que el movimiento tiene vínculos con un grupo pro-terrorista y promueve la violencia.
“Están criminalizando una protesta social genuina y legítima”, dijo la congresista Ruth Luque, señaló que, debido a la actiud del Gobierno, el movimiento puede escalar.
La socióloga Anahí Durand, ex ministra de la Mujer, coincidió con Luque en que la protesta puede alcanzar más impacto y considerarse la mayor tras las más grandes, extensas y prolongadas manifestaciones contra el ascenso de Boluarte a la presidencia, en diciembre de 2023.
Acotó que la protesta actual se limita a lo urbano y sus banderas son de lucha por la seguridad ciudadana, mientras la de 2023 se extendió hasta los primeros meses de 2024, paralizó 74 por ciento del país y planteó demandas eminentemente políticas.
Por su parte, el analista político y periodista Paolo Benza calificó como histórico que los gremios de empresas y trabajadores transportistas hayan movilizado a otros sectores como los pequeños comerciantes, conviertiéndose en potenciales agentes de cambio.
“Pueden incluso traerse abajo un gobierno que no tiene aprobación; los transportistas tienen ese poder hoy y tienen que ser conscientes de este momento histórico”, aseveró con optimismo, y dijo que para ello las organizaciones de transportistas deben consolidar su unidad.
Añadió que la población “puede soportar lo que sea pero lo que no soporta el ser humano es que lo arrinconen como un animal y le digan te voy a matar”, añadió Benza sobre la masividad de la extorsión que se ensaña sobre todo con los más humildes.
El desborde de la delincuencia afecta incluso a los empresarios, cuyas organizaciones apoyan la demanda de nulidad de la ley cuestionada y también sostienen que favorece a la criminalidad.
npg/mrs
