El exgobernante neoliberal (2001-2006) es acusado de colusión y otros delitos por haber recibido 21 millones de dólares como soborno de un consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht por el contrato de construcción de una carretera entre el sur de la costa peruana y Brasil.
Según juristas consultados, es virtualmente seguro que sea condenado a prisión, pues se considera que el suyo es el caso más sólido presentado por el equipo de fiscales a cargo de casos de corrupción que involucran a empresas brasileñas.
Toledo alegó inocencia en su última intervención, la semana pasada, y cargó las culpas a quien fuera su asesor no oficial y viejo amigo, el oficial de inteligencia de Israel Yosef Maiman, nacido en Perú y muerto hace casi exactamente tres años.
Sostuvo que Maiman hizo tratos similares con otros países latinoamericanos y de Europa del este y recibió el dinero, pero el israelí confesó en su país a fiscales peruanos que recibió de Odebrecht, por encargo de Toledo, 32 millones de dólares.
El cómplice convertido en testigo afirmó, con pruebas, según la Fiscalía, que entregó 21 millones a Toledo -en cuentas secretas en Costa Rica y Panamá- y devolvió los otros 11 millones a Odebrecht como compensación por un negocio frustrado en Colombia.
Sobre la licitación de la obra mencionada a favor de Odebrecht, Toledo sostiene que él, pese a ser presidente, no tuvo nada que ver y que se encargaron quienes eran sus ministros de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz.
Kuczynzki fue elegido presidente en 2016 pero renunció en 2018 envuelto en un escándalo de corrupción política y fue acusado de negocios indebidos, por los que es investigado por presunta corrupción en otra obra de Odebrecht durante su época de ministro.
Toledo fue extraditado en abril de 2023 desde Estados Unidos, a donde viajó años atrás para eludir a la justicia, y desde entonces permanece en una prisión exclusiva para altos funcionarios.
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