“A través de la Dirección de Régimen Penitenciario vamos a realizar todos los operativos, todas las acciones que sean necesarias a fin de poder garantizar que se desarrolle esta audiencia», afirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
En Golpe de Estado I son procesados la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), el excívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, el extitular del comité cívico de Potosí Marco Pumari, así como altos mandos militares y policiales implicados en la ruptura constitucional en noviembre de 2019.
La Fiscalía abrió este expediente penal por la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración a instancias de una acusación presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
Después de asumir la Presidencia del país ilegalmente tras la renuncia del mandatario Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, Áñez firmó cuatro días más tarde el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Debido a estos hechos, la exgobernante de facto es acusada de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano con una pena máxima de 30 años.
Según documentos de la Fiscalía, existen suficientes indicios de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
El acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, cerró con militares y policías un acuerdo para que violaran su compromiso constitucional y no respaldaran al presidente Morales.
Ese complot aceleró la acción golpista y la toma del poder por Áñez al frente de un gobierno de facto.
La apertura del juicio oral y presencial está programado en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz.
jf/jpm
