La propuesta del Gobierno encuentra voces a favor y en contra, ya que aunque la mayoría de los sectores reconoce la necesidad de la reforma fiscal, al mismo tiempo coincide en que los métodos propuestos para ejecutarla no son los más saludables.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Hacienda, Francisco Paulino, el objetivo es que diversos sectores, desde el ámbito empresarial hasta el ciudadano común, puedan expresar sus inquietudes y sugerencias sobre la polémica reforma.
Paulino explicó que trabajarán de manera intensa durante toda la semana para poder presentar un informe detallado en el plazo de 30 días ante el pleno de la Cámara Baja.
La semana pasada el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reforma fiscal, donde propone medidas impositivas que buscan endosarle miles de millones de pesos para ser invertidos en áreas como seguridad pública, pago de los intereses de la deuda, déficit del sector eléctrico, salud y educación.
Para ello, contempla la eliminación de ciertas exenciones fiscales y un aumento en los impuestos a sectores específicos.
Las protestas del sector industrial, cine, bebidas y turismo hacen pensar que el Gobierno de Luis Abinader no consultó a ninguna de estas divisiones sobre las medidas impositivas que planteó.
Entre las expuestas que genera mayor rechazo figura la eliminación de los estímulos al cine dominicano, que llevaría a la quiebra total de la industria cinematográfica, según sus directivos.
De acuerdo con Euri Cabral, Economista y Comunicador, para verificar el monto real de los beneficios del cine nacional, no solo se puede hablar de las películas dominicanas; también y en el mismo nivel de importancia, de los ingresos que dejan al país las producciones de cintas y series internacionales que se filman en este territorio.
En una reciente entrevista, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Euri Andújar, expresó por su parte la preocupación del sector empresarial por el incremento del IVA a los alimentos, el cual considera perjudicará a la población.
Asimismo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria ha sido malmirado por la potencial carga financiera que aplicaría a los propietarios.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco pidió al gobernante dominicano, quien ha presentado tres importantes reformas en dos meses, que posponga la fiscal hasta el año próximo.
Los dirigentes comunitarios advierten que su aprobación en este momento podría empeorar la situación económica de los sectores más vulnerables.
Aunque la Comisión de Hacienda se encuentra en la fase inicial de su trabajo, los diputados pronostican que el proyecto no se aprobará, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado Gustavo Sánchez, adelantó que su bancada presentará reformas específicas en lo que atañe al Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI), ya que el incremento en el tributo afectaría de manera significativa a los nacionales.
Mientras, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Rafael Castillo, expresó que la comisión que revisa la reforma fiscal debe escuchar a la población antes de emprender cualquier modificación, por lo que favoreció las vistas públicas.
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