Los exgenerales están imputados por “el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios”.
La fiscal jefa de Alta Complejidad, Ximena Chong, desestimó pedir la prisión preventiva al señalar que la conducta de los acusados y su situación actual no representan un riesgo que pudiera entorpecer la investigación.
Sin embargo, cuatro de los querellantes insistieron en la solicitud de la máxima medida cautelar para los exoficiales y otro de los abogados demandó arresto domiciliario total.
En las afueras del Centro de Justicia de Santiago, personas que sufrieron lesiones en la vista u otro tipo de atropellos durante las protestas reclamaron todo el peso de la ley para los responsables.
“Se les debe aplicar la prisión preventiva mientras se investigan los casos de violaciones de derechos humanos”, dijo Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas del Trauma Ocular.
Durante las revueltas populares, que se extendieron entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se registraron en el país unos 30 muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 con daños total o parcial en la vista.
Aunque en un inicio se preveía que los jefes de la policía militarizada enfrentarían cargos por mil 386 casos, Chong decidió enfocarse en 228 donde las víctimas resultaron heridas con armas antidisturbios como escopetas y lanza gases que provocaron lesiones graves o muertes.
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