En caso de que la Asamblea Nacional (Parlamento) apoye en dos votaciones la iniciativa del mandatario para autorizar la presencia militar foránea en el país, la ciudadanía deberá luego votar en un referendo.
Específicamente Noboa propone eliminar la frase de la Constitución que dice: «No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».
En septiembre pasado, el gobernante envió a la Corte su iniciativa que causó polémica en la ciudadanía y algunos la consideraron una propuesta de “demagogia y oportunismo” como parte de su agenda de cara a la reelección en los comicios del próximo año.
Para el asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, la propuesta del Gobierno es una “estrategia política”.
Asimismo, la legisladora Lucía Posso coincidió en que si bien la iniciativa ayudaría a luchar contra la inseguridad, no es la prioridad. “Hoy la prioridad es que se va a ir la luz (…) creo que detrás de esto hay un cálculo político”.
El anuncio de Noboa se produce en medio del ajetreo electoral, de la crisis energética y de un alza de la violencia en esta nación sudamericana, pese a los reiterados estados de excepción.
En ese contexto, muchos recordaron que el 1 de abril de 1999 Ecuador y Estados Unidos firmaron un ‘compromiso interino’ para facilitar el acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para controlar el tráfico de droga.
Durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el acuerdo entre ambos países culminó con el cierre de la base norteamericana de Manta, en 2009.
Este hecho marcó un hito en la postura ecuatoriana frente a la influencia militar extranjera, alineándose con una tendencia de mayor independencia en la región.
Sin embargo, existen quienes creen que con la presencia de uniformados de otros países se podrá controlar la crisis de seguridad existente en Ecuador.
El abogado y analista Mauro Andino expuso que países como Colombia y Perú tienen siete y ocho bases militares norteamericanas, respectivamente y no han terminado con el narcotráfico. “Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y Perú no se queda atrás”, manifestó Andino.
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