La última medición de la consultora Factum otorga 56 por ciento en la intención de voto para esa propuesta de reforma constitucional.
Dentro de ese total, el 44 por ciento manifestó que «seguro» votará a favor, y 12 por ciento señaló que «probablemente» lo hará.
El estudio encontró 41 por ciento de consultados que no votará por el plebiscito y un tres por ciento sigue «indeciso o no sabe».
En la comparación partidaria, el 30 por ciento de quienes dijeron que darán su voto al Frente Amplio en las próximas elecciones lo hará también por los allanamientos nocturnos.
La propuesta de modificación constitucional consigue 82 por ciento de apoyo de quienes se aprestan a apoyar a los candidatos de la coalición de gobierno.
Pero Factum consigna que la intención de voto a la propuesta viene cayendo. Durante el segundo y tercer bimestre del año alcanzó el 74 por ciento de simpatía, hasta caer a 56 por ciento en octubre.
La iniciativa, que salió de una votación parlamentaria, se impondría de conseguir el 50 por ciento más uno de los votos en consulta que será el 27 de octubre, a la par de los comicios nacionales para elegir la presidencia de la República y la composición del Poder Legislativo.
En esa propia jornada los electores deberán votar también por un plebiscito que propone reformar el régimen previsional, impulsado por la central sindical PIT-ÇNT, los partidos Comunista y Socialista, y movimientos sociales. La propuesta de reformar la seguridad social también registra reducción en intención de votos y las encuestas apuntan a mayor predisposición por el No.
Desde el Frente Amplio hay posturas divididas y la propuesta está bajo constante ataque desde filas gubernamentales, con protagonismo para el presidente Luis Lacalle Pou, quien reiteradamente ha llamado a los uruguayos a no votar ese plebiscito.
El presidente augura que provocará aumento de impuestos, menos prestaciones sociales del Estado y desconfianza de los inversionistas, entre otros males.
Desde el movimiento sindical se defiende el derecho a una jubilación digna a partir de los 60 años, entre otras consideraciones que, subrayan, apuntan a los derehos humanos de los trabajadores.
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