De Moraes respondió a una petición de la Policía Federal (PF) y su decisión fue enviada para su análisis al Ministerio de Justicia.
Corresponde al Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional, vinculado a esa cartera, evaluar si el caso cumple con los acuerdos previstos en los tratados internacionales.
Más tarde, el Ministerio de Justicia envía el material al de Relaciones Exteriores, que se encarga de las negociaciones con el país extranjero.
La PF sabe que estos brasileños ingresaron sin pasar por las autoridades fronterizas.
Entraron a la vecina nación en el maletero de un coche o cruzando ríos o caminando por los límites.
Se trabaja con la posibilidad de que 180 involucrados en los actos golpistas puedan estar en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Los investigadores no descartan que los prófugos hayan pedido asilo en Argentina y también de haber cruzado las fronteras de Uruguay y Paraguay porque, según ellos, hay facilidad para atravesar las demarcaciones, principalmente el Puente de la Amistad.
Recientemente, el procurador general de la República, Paulo Gonet, pidió a De Moraes la inclusión de investigados por los episodios golpistas en la lista de buscados por la Policía Internacional (Interpol).
Gonet quiere además la emisión de orden de detención preventiva contra los acusados.
La medida fue adoptada después que el portal UOL divulgara el 14 de mayo que por lo menos nueve condenados por los hechos antidemocráticos rompieron las tobilleras electrónicas y huyeron a Argentina y Uruguay.
Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Desde septiembre, el STF condenó al menos 256 personas involucradas en las acciones extremistas y absolvió a una. Las penas varían entre 12 y 17 años de prisión.
En total, la corte recibió mil 345 denuncias. De ese total, mil 113 fueron suspendidas para que la Procuradoría General de la República evalúe si va a proponer acuerdos que eviten el correctivo.
Los eventos que resultaron en la depredación de los edificios de los Tres Poderes en Brasilia dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (cuatro millones de dólares).
En las condenas, el STF estableció el pago de una multa de 30 millones de reales (5,5 millones de dólares), dividido entre todos los acusados, por daños colectivos.
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