La propuesta fue presentada por la ministra de Justicia y del Derecho Ángela María Buitrago y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Diana Remolina, quienes resaltaron que por primera vez un instrumento jurídico reconoce el debido proceso propio de los 116 sistemas de justicia indígena existentes en el país.
Según resaltaron las funcionarias, el proyecto de ley refuerza el derecho de los pueblos originarios a gobernar y administrar sus territorios de manera autónoma y propocionar un marco de coordinación que garantiza respaldo y seguridad jurídica.
Buitrago comentó que la iniciativa “busca establecer una hoja de ruta que refuerce el reconocimiento de los sistemas de justicia, también entendiendo que en muchas ocasiones los grupos ancestrales han pedido colaboración, pero respetando su autonomía y su cosmovisión”.
Añadió que crea unas bases generales para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas.
La funcionaria estimó que, durante décadas, la falta de reglamentación en cuanto a la coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria generó vacíos normativos y barreras de acceso que afectan a las comunidades indígenas.
El Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional no solo garantiza el respeto por los sistemas de justicia indígena, sino que también incluye salvaguardas clave para los derechos de las mujeres, según trascendió.
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