Las salas constitucionales de los departamentos de Pando y del Beni declararon desierta la víspera la preselección de postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Supremo de Justicia (TSJ).
“El Ministerio de Justicia, de manera institucional, está haciendo el análisis de posible prevaricato de las autoridades judiciales de Beni y Pando”, afirmó Siles en alusión a quienes pusieron en riesgo la realización de los comicios previstos para diciembre.
Según el artículo 173 del Código Penal, la jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco a 10 años y si causare daño económico al Estado será agravado el castigo en un tercio.
El titular declaró al canal estatal Bolivia Tv que ambas salas se “extralimitaron” en sus determinaciones porque los accionantes exigían derechos particulares y no anular los procesos de preselección para el TSJ y TCP.
Calificó esas determinaciones de “accidentes”, “medidas de hecho” y carentes de los “requisitos constitucionales mínimos de legalidad”.
En el caso de Pando, subrayó, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fueron notificados para la audiencia; mientras que en el de Beni, si bien se notificó al TSE, el eje central de la demanda era un acto que omitió la Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de preselección y no el ente electoral, lo cual es una violación del principio de preclusión.
Sin embargo, la Sala Constitucional de La Paz admitió una acción de cumplimiento y dispuso una medida cautelar, en la cual instruyó seguir con el proceso hacia las judiciales.
Esta audiencia está prevista para este jueves, donde se “remediará las desacertadas resoluciones que se emitieron tanto en Beni como en Pando”, anticipó Siles.
“Los procesos electorales, incluyendo las elecciones de las altas magistraturas, no pueden suspenderse o interrumpirse por ninguna razón”, enfatizó el titular.
Sostuvo Siles que el fallo que emitirá este jueves la sala constitucional de La Paz “tiene carácter vinculante para la prosecución del proceso electoral”.
Advirtió que “los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia”, como señala la Ley del Régimen Electoral y por el cumplimiento de los derechos colectivos.
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