Los dos capítulos de esta acción fueron apoyados por todos los sectores políticos y ambos se adoptaron por abrumadora mayoría.
A la exmagistrada se le acusa de haber afectado la imparcialidad y la independencia de jueces, de interferir en el proceso de designación de funcionarios y de contactos indebidos con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra ahora en prisión preventiva.
Vivanco fue removida del máximo tribunal tras revelarse una serie de chats donde le pide ayuda para su ratificación en el puesto a Hermosilla, acusado de lavado de activos, sobornos y delitos contra el fisco.
A cambio de esto, la magistrada le hizo numerosos favores, desde intentar vetar designaciones de jueces, hasta apoyar el ascenso de otros, además de compartir información por causas de interés, lo cual califica como tráfico de influencias.
El escándalo, conocido como Caso Audios, involucra a miembros del sistema judicial, a empresarios y políticos.
“Las redes de corrupción de Hermosilla llegaron muy lejos y afectan gravemente los cimientos del Estado de Derecho”, denunció en su cuenta de X el senador Juan Ignacio Latorre.
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