La procuradora del Estado a cargo del proceso, Silvana Carrión, coincidió con el fiscal, José Pérez, en que hay evidencia contundente para que la corte condene a Toledo y Pérez ha pedido que la pena sea de 20 años y seis meses, además de una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos en el Estado.
El exmandatario hizo un último alegato en el que insistió en declararse inocente de los cargos de colusión y lavado de activos, por pedir a un consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht, un soborno de 35 millones de dólares a cambio del contrato de construcción de una carretera, de los que recibió 21.
Negó haber concertado la operación con el representante de la empresa, Jorge Barata, y con el ex oficial de inteligencia israelí Yosef Maiman, quienes entregaron evidencias que confirman sus declaraciones.
Toledo, de 78 años y quien gobernó entre 2001 y 2006, dijo además que padece cáncer y pidió ser tratado en una clínica y que se le otorgue prisión domiciliaria para defenderse y morir en su casa.
La procuradora Carrión calificó como emblemática la inminente condena a Toledo, señaló que será la primera que recibe un exmandatario por corrupción de empresas brasileñas y señaló que el caso es el más grande de un gobernante en la región.
El caso se hizo público a través de un agente inmobiliario a quien Toledo no le pagó sus servicios por gestionarle la compra de una oficina y una residencia de lujo, ante lo cual el exgobernante sostuvo que los inmuebles (adquiridos con el dinero del soborno) fueron comprados por su suegra, la anciana belga Eva Fernenbug.
Cuando su situación se agravó, Toledo viajó a Estados Unidos alegando compromisos académicos, pero una vez en ese país pidió refugio y, tras un largo proceso de extradición, fue entregado a Perú para su juzgamiento en abril de 2023.
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