La Asamblea Nacional dio la semana pasada el primer paso en el juicio político a Gachagua, aprobado por el Poder Judicial e incoado por la coalición gobernante, para procesarlo por corrupción administrativa, incitar divisiones étnicas y apoyar las protestas antigubernamentales de junio pasado.
Además, la parte acusadora solicita que explique el salto en su patrimonio durante su ejercicio, de ocho millones a más de 40 millones de dólares, y el uso de fondos públicos en la remodelación de su residencia particular.
Los abogados de la defensa argumentaron que el acusado, de 65 años de edad, está internado en un hospital capitalino aquejado de “una grave enfermedad”, que se abstuvieron de precisar, y de la cual no presentó síntomas cuando afirmó días atrás que combatiría las alegaciones en los tribunales.
De acuerdo con la Constitución keniana los senadores deben pronunciarse hoy sobre la destitución el vicepresidente, aprobada por abrumadora mayoría en la baja la semana pasada.
Los seguidores del reo, otrora “chico terrible” de la política keniana por lenguaraz y franco sin límites, aseguran que la impugnación contra el mandatario tiene motivaciones políticas y argumentan que el presidente keniano también debe ser procesado.
Las tribulaciones de Gachagua comenzaron en 2017 cuando enfrentó al secretario del Gabinete de Medio Ambiente y Flora Keriako Tobiko que protestó por la sobreexplotación de Recursos acuíferos en la región del Monte Kenya y ordenó la destrucción de varias talas madereras ilegales.
El vicemandatario se erigió en paladín de los madereros, aseguró que las extracciones eran legales y acusó a Tobiko de provocar una crisis hídrica que afectó a miles de personas. La controversia se saldó con una mediación del ministro de Aguas Simon Chelugui, quien prometió restaurar las explotaciones y dotarlas de los permisos.
Después vendrían choques con el presidente Ruto por razones nunca reveladas, las cuales aumentaron con el paso de los días.
De prosperar las alegaciones, Gachagua será el primer vicemandatario depuesto según la Constitución vigente y, por ende, pasará de ser estrella en ascenso a cadáver político.
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