Tras una multitudinaria marcha que recorrió las principales arterias de la capital hasta el Palacio de las Garzas(sede el Ejecutivo), los colectivos recordaron que de 11 sectores convocados para debatir reformas a programas de beneficio y prestaciones médicas de la esa institución pública, nueve apuestan por este sistema y rechazan el de las cuentas individuales que impulsan los empresarios privados.
Representantes de las principales centrales obreras y los educadores que marcharon al frente de la manifestación portando sus banderas y vitoreando consignas como “Panameño ponte duro, defendamos el seguro”, los participantes en la protesta indicaron que se trata apenas de una advertencia de que no aceptarán además la privatización de servicios. Tampoco tolerarán medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales.
En declaraciones a Prensa latina, Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores de Panamá, indicó que los docentes han estado encabezando estas luchas contra el alto costo de la vida en 2022, en rechazo a la minería metálica a cielo abierto el año pasado; y ahora, siempre al lado del pueblo para garantizar una jubilación digna.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, explicó que en la misiva entregada al Gobierno se resume en 10 puntos los principales reclamos de los trabajadores, entre otros que los empresarios aporten al programa de Invalidez Vejez y Muerte la misma cuota por obrero.
El Estado debe ser el soporte principal para garantizar el pago y aumento de las jubilaciones y pensiones, mediante aportes sólidos, reafirmando la necesidad de la solidaridad en las pensiones y rechazo a la privatización de las mismas (cuentas individuales), enfatiza el documento.
También demanda adecentar la administración de la CSS, liderada ahora por el empresario Dino Mon, y, acabar con la corrupción, fortalecer su autonomía y que los miembros de su Junta Directiva sean seleccionados por sus organizaciones y no por el Ejecutivo.
De otra parte exigieron acabar con la mafia farmacéutica y el desabastecimiento de medicinas que provoca, combatir a los empresarios evasores y jubilaciones especiales para trabajadores de alto riesgo, entre otras demandas.
Los sindicatos y otros gremios defienden el sistema solidario que funcionó hasta el 2005, cuando el Gobierno del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) hizo una reforma estructural a la CSS, creando otro modelo de jubilaciones o pensiones que combina el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido con un nuevo programa mixto de ahorro.
Para varios analistas este cambio fue la raíz del problema, pues el sistema de reparto definido se quedó sin cotizantes y actualmente la CSS enfrenta un déficit de 673 millones de dólares en uno de los dos subsistemas de pensiones (en el de beneficio definido), lo que podría hacer que se quedara sin fondos a finales de este año.
Las mesas de dialogo creadas por Mulino para buscar propuestas que terminen en un anteproyecto de Ley sesionarán hasta el 31 de octubre y el 6 de noviembre es la fecha en que el ministro de Salud, Fernando Boyd, llevará al pleno la iniciativa con las variantes viables.
El sector empresarial privado apuesta por un sistema de tres pilares (solidario, cuentas individuales y ahorro voluntario) el cual ha fracasado en otros países donde se ha implementado, denuncian los colectivos populares.
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