En un interminable proceso planteado debido a los índices de violencia en el país, el Legislativo tras más de una hora de retraso cerró la sesión debido a la falta quórum (no se encontraban los 81 diputados exigidos por Ley).
La máxima figura del Parlamento, Nery Ramos, canceló por igual motivo el juicio político hace dos semanas, por lo cual el caso alcanza ya las 12 de aplazamiento, mientras hay otros titulares en espera.
Jiménez llegó a la convocatoria inicial el 25 de julio último y no pudo comenzar porque la participación de congresistas iba contra lo establecido.
El 6 de agosto logró responder solo tres preguntas cuando la sesión se suspendió nuevamente por las ausencias, en un patrón recurrente desde entonces cada jueves programado.
La agenda del Legislativo comprendía además este día, si concluía la primera interpelación, el inicio del mismo proceso contra el canciller Carlos Ramiro Martínez.
El parlamento tiene pendiente el juicio contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Félix Alvarado; así como el de la titular de Cultura y Deportes Liwy Grazioso.
Igualmente, contra el de Desarrollo Social Abelardo Pinto y en estos días los diputados manejaron la posibilidad de interpelar al de Salud y Asistencia Social Joaquín Barnoya.
Días atrás el presidente de la nación, Bernardo Arévalo, expresó que “no hay otra razón que molestar y tratar de extorsionar al gobierno”. El ministro de Relaciones Exteriores se vio imposibilitado de acompañar tiempo atrás al mandatario a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas.
El propio jefe de Estado acotó que estos no pueden salir de este territorio centroamericano mientras estén en tal situación, lo que los tiene prácticamente atrapados.
Analistas locales consideraron que, aunque la interpelación es un derecho de los diputados, se emplea para entorpecer el trabajo de los funcionarios.
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