El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, dará a conocer el fallo luego de un dilatado proceso que, según la defensa y organizaciones comunitarias, fue amañado y esconde intereses para renovar la minería metálica en el país.
Las organizaciones sociales que estuvieron cerca de la causa exigieron el miércoles durante una rueda de prensa una resolución “apegada al derecho”, cuando se anuncie el fallo.
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta expresó su apoyo a los acusados y exigió que el juicio cierre con un resultado positivo, ya que, recalcan, los líderes comunitarios son inocentes.
Coincidimos que el único fallo apegado a la legalidad, el debido proceso legal y la aplicación de la justicia es la absolución e inmediata libertad de los defensores ambientales y que cualquier otra resolución sería gravemente ilegal e injusta, indicó un comunicado.
Pese a la posición de los fiscales que argumentan la culpabilidad de los acusados, la defensa sostiene que esa entidad no presentó pruebas que incriminen a los procesados.
En opinión de Pedro Cruz, abogado defensor, la fiscalía no presentó pruebas sólidas que incriminen a los ambientalistas.
Al respecto, la representante de Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, Amalia López, aseguró que en el proceso las acusaciones fueron desmontadas por la defensa y que la Fiscalía General de la República no tiene argumentos sólidos contra los implicados.
Según las organizaciones, los acusados son personas que están defendiendo la vida, los territorios y los ecosistemas.
La Comunidad de Santa Marta estima que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador. En ese sentido, hacen el llamado a “mantener la prohibición de la minería metálica a fin de salvaguardar el medio ambiente, la salud y la vida de las actuales y futuras generaciones”.
mem/lb
