Un parte judicial divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo RAI News cita un comunicado de la presidenta de dicha sección judicial, Luciana Sangiovanni, sobre las razones que invalidan la detención de 12 inmigrantes trasladados el 15 de octubre en un buque italiano a Albania, ordenada por la Jefatura de Policía de Roma, .
Esta decisión se adoptó “en aplicación de los principios establecidos en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre de 2024”, que impide reconocer los Estados de origen de las personas detenidas, en este caso Egipto y Bangladesh, como países seguros para la repatriación.
Según lo dispuesto en esa disposición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mencionada en la ordenanza, un país “para ser considerado seguro, en todas sus partes y para cada persona, no debe implementar persecución, discriminación o tortura hacia cualquier persona, en cualquier zona o su territorio”.
La detención en el centro de procesamiento de Gjader fue ordenada el 17 de octubre por la jefatura de policía de la capital italiana, para doce extranjeros de los 16 que inmigrantes que el martes último llegaron al punto de recepción creado en la localidad albanesa de Shengjin, a bordo del buque Libra de la Armada italiana.
Previamente, se decidió el regreso a Italia de cuatro personas de ese grupo, porque dos de ellos eran menores de edad y los otros se encontraban en condiciones de salud precarias.
La sentencia que se opone a la detención de los restantes, se basa en que “es inaplicable el procedimiento fronterizo, según lo previsto en el Protocolo, del traslado fuera del territorio albanés de personas inmigrantes, que por tanto tienen derecho a ser conducidas a Italia”, apunta el documento.
Esta decisión judicial pone en riesgo la aplicación de un programa, fruto de un acuerdo entre los gobiernos de Roma y Tirana, para llevar a centros en Albania de migrantes rescatados por buques italianos en el mar, una iniciativa respaldada por la Unión Europea, pero también muy criticada por políticos opositores y organizaciones humanitarias.
La presidenta del Partido Democrático, Elly Schlein, reafirmó que esa iniciativa “viola la ley, está prohibida” y señaló que son ilegales los centros habilitados en territorio albanés, por lo que se trata de “800 millones de euros tirados, que podrían haberse utilizado en sanidad”.
Por su parte el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, uno de los principales impulsores de este proyecto, ya anunció un recurso del Gobierno contra esa decisión de los jueces y apuntó que en la apelación, “a largo plazo también pediremos jurisprudencia superior, como la del Tribunal Supremo”.
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