Así lo notificó el Consejo de Control Ético de esa organización política al informar que dio curso a una pesquisa, y lo confirmó el exvicepresidente y jefe del partido Germán Vargas.
Adicionalmente a las averiguaciones que hace su propio partido, el abogado es investigado por la Fiscalía del país por los señalamientos realizados por Ingrid Aguirre, exsecretaria privada de la Alcaldía de Santa Marta y congresista, quien señaló que Lorduy le pidió dinero y favores sexuales a cambio de concesiones políticas.
La Fiscalía confirmó que en este proceso realizó varios actos indagatorios, incluyendo la recolección de pruebas y la toma de declaraciones, pero hasta ahora no se ha anunciado ningún resultado concluyente.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insiste desde hace varios días en que el titular del CNE debe renunciar debido a las denuncias por acoso en su contra.
Mediante esa solicitud, el mandatario hizo alusión a un caso de presunto feminicidio en el que el magistrado resultó implicado en 1979 y en el cual estuvo involucrada una joven de 16 años que acabó muerta en circunstancias nunca esclarecidas del todo, en un proceso que fue finalmente cerrado por el vencimiento de los términos.
“Si aún queda decencia, el señor Lorduy debe renunciar. Siendo un acosador de mujeres, y haber sido procesado hasta que prescribió el caso de feminicidio, no tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie. Le solicito a la bancada de Cambio Radical que lo eligió al CNE que se exprese al respecto”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.
Además de las denuncias contra Lorduy, acusaciones igual de serias pesan contra el magistrado Álvaro Prada, lo cual pone en entredicho la integridad del CNE, órgano que hace 10 días anunció que levantaría cargos contra Petro por presuntas violaciones a los topes de la financiación de su campaña electoral en 2022.
Prada está señalado por manipulación de testigos en un caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Actualmente, la Fiscalía General de Colombia investiga la ocurrencia de hechos irregulares en los que habrían incurrido los siete magistrados del CNE que votaron a favor de formular cargos contra el mandatario de la nación.
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