Los ambientalistas y excombatientes de la guerra civil fueron acusados por los delitos de asesinato, asociaciones ilícitas y privación de libertad.
El resultado coincidió con criterios de la defensa y organizaciones comunitarias que mantuvieron que los enjuiciados eran inocentes y que estaban en presencia de un intento de amañar el proceso, que según dijeron, escondía intereses para renovar la minería metálica en el país.
Antes la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta expresó su apoyo a los acusados y exigió que el juicio cerrará con un resultado positivo, ya que, recalcaron, los líderes comunitarios eran inocentes.
Según las organizaciones, los acusados eran personas que están defendiendo la vida, los territorios y los ecosistemas.
El caso concluyó con una decisión favorable a nuestros representados, el tribunal por unanimidad declaró que la Fiscalía no pudo establecer el mínimo probatorio para determinar que estábamos en presencia de un caso de lesa humanidad, dijo el abogado de la defensa Pedro Cruz.
Los ocho quedaron en libertad, tanto los que estaban acá privados de libertad y con medidas, también los que estaban ausentes. Sobreseídos definitivamente, únicamente a la espera que cause ejecutoria, precisó el abogado Salvador Argueta.
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