Convocó para el lunes 21 de octubre el también vicemandatario a la décima segunda sesión ordinaria de la ALP con un orden del día de dos puntos: correspondencia y designación de la o el fiscal general del Estado.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la ALP aprobó este viernes la nómina de 10 postulantes seleccionados con vista a la designación de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público.
De esos 10 seleccionados con el respaldo de dos tercios de los votos, quien obtenga igual cifra de papeletas de sus integrantes remplazará al actual fiscal general, Juan Lanchipa, quien concluirá su mandato constitucional este 22 de octubre.
El presidente de la Comisión, el senador Roberto Padilla, explicó que se respetó la puntuación obtenida por los postulantes en el proceso de selección, iniciado el 3 de septiembre último.
La lista fue aprobada en el siguiente orden: actual fiscal de La Paz, William Alave (186 puntos), Iván Córdoba (170); Henry Herrera (169), Olvis Egüez (165) y Roger Mariaca (163).
Completan esta nómina Edwin Quispe (161), Nuria González (160); Rubén Ramírez (160), Milton Montellano (151) y Omar Fulguera (149).
El informe fue aprobado después que el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Caranavi se declarara incompetente para tratar la acción de amparo presentada por la postulante Claudia Castro Dorado.
Con anterioridad, esa sala había dictado una medida cautelar y ordenado suspender el proceso.
Para agilizar el nombramiento, Padilla aseguró que de inmediato fue remitido el informe a la Presidencia de la ALP con el objetivo de que convocara a la sesión el lunes.
El artículo 38 de la Ley Transitoria para la selección y designación de la o el fiscal general del Estado establece que, recibido el informe de evaluación de la Comisión Mixta de Justicia Plural, la Presidencia de la ALP, en el plazo máximo de 48 horas, convocará a Sesión.
Quien logre en esa reunión el voto de dos tercios de los diputados y senadores presentes en esa reunión será el sustituto de Lanchipa.
La normativa establece que la ALP deberá desarrollar la fase de designación de la o el fiscal general del Estado en un término de 10 días.
Si en la primera votación no se obtiene el número necesario para la designación, se dará paso a una siguiente, excluyendo de las boletas a quienes no hayan recibido al menos el apoyo de 20 asambleístas.
En caso de la necesidad de una tercera, se excluirán de las boletas de votación a quienes no hayan recibido una votación de al menos 30 asambleístas.
Si no se logra la designación, la votación continuará cuantas veces corresponda hasta definir a la o el fiscal general del Estado.
Pendiente de resolución se encuentra un amparo constitucional presentado por el postulante Porfirio Machado en contra del proceso para elegir al nuevo fiscal, cuya audiencia fue programada para el 21 de octubre.
También este viernes, los bolivianos abogaron por la continuidad de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre del año en curso, tras una solicitud realizada por Choquehuanca.
El vicemandatario pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la “revisión urgente” de los fallos emitidos recientemente sobre estos comicios y exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a proseguir ese proceso.
Mediante un comunicado, expresó profunda preocupación por las recientes resoluciones de las salas constitucionales departamentales de Pando y Beni, que declararon desiertas las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del TCP.
Estos fallos responden a dos acciones de amparo constitucional que “van más allá de las atribuciones y funciones establecidas por el ordenamiento constitucional y legal (…)”, se informó.
Añade la nota que las decisiones de esas salas afectan a terceros que no fueron citados en dichas acciones de defensa.
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