Medios de prensa conservadores, consideran negativas y preocupantes la designación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación con un mandato de tres años y el rechazo del Tribunal Constitucional a una demanda del Parlamento de mayoría derechista, de que ninguna acción judicial neutralice sus decisiones.
Por el contrario, los enfoques progresistas consideran positivos esos hechos, en la medida que van en contra de lo que consideran sometimiento del sistema judicial al Congreso, que esta semana aprobó una ley según la cual ninguna decisión congresal puede ser bloqueada por acciones judiciales.
La fiscal Espinoza reemplaza al interino Juan Carlos Villena, quien asumió en diciembre de 2023, tras a la suspensión de Patricia Benavides, afín a la mayoría congresal y a la postre destituida e investigada por irregularidades en el desempeño del cargo.
La flamante fiscal fue alejada del Ministerio Público contra su voluntad por Benavides, sin que fueran escuchados sus reclamos de ocupar su posición en la junta de fiscales supremos, hasta que Villena la reintegró a la misma.
Espinoza enfrenta el desafío de investigar a la presidenta Dina Boluarte por causas como presuntos cohecho y enriquecimiento ilícito, y a parlamentarios incluidos en casos de posible corrupción.
Por otra parte y casi al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la llamada demanda competencial presentada por el Parlamento contra una decisión que dejó sin efecto la destitución congresal de los magistrados de la importante Junta Nacional de Justicia -que nombra y destituye a jueces y fiscales- Inés Tello y Aldo Vasquez, medida objeto de cuestionamientos.
La demanda fue presentada en mayo pasado y, según fuentes del TC no alcanza la mayoría de cinco de los siete jueces de la corte, ante lo cual el Parlamento aprobó una ley de legalidad dudosa que reduce de cinco a cuatro el número de votos necesarios para que el TC tome decisiones como la pendiente.
La legislación está pendiente de publicarse en la gaceta oficial, pero hubo cuatro votos en contra, es decir que ni siquiera alcanzó la nueva mayoría, ante lo cual los tres jueces partidarios de fallar a favor del Congreso abandonaron la sesión y uno de ellos pretende impugnar el resultado con argumentos considerados formales.
También anuncia que el Poder Judicial continuará desarrollando acciones para fortalecer el sistema de justicia, condena el comportamiento de jueces que den libertad indebida a criminales, algo de lo cual acusa el Gobierno y el Legislativo a jueces y fiscales.
Plantea además que el Parlamento le remita los proyectos de ley referidos al Poder Judicial para opinar al respecto.
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