En un debate virtual efectuado este domingo, los asambleístas oficialistas apoyaron la propuesta porque en su opinión dotará de seguridad jurídica a los inversionistas y también posibilitará ampliar la capacidad de generación con participación privada.
Para la oposición, la ley en vez de fortalecer la inversión pública en el campo energético, facilitará concesiones al sector privado, lo cual podría conllevar a un incremento de las tarifas eléctricas.
El verdadero objetivo de esta ley es facilitar la entrega por delegación directa y en condiciones preferentes a los privados, comentó la parlamentaria Sofía Espín, del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Blasco Luna, también asambleísta de la RC, aseguró que esta ley no va a arreglar la crisis energética y afirmó que el problema actual es el abandono del sector.
Tras las intervenciones de una veintena de legisladores, el proyecto regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para que esa mesa legislativa analice las recomendaciones y redacte el informe para el segundo y definitivo debate.
Ecuador enfrenta la sequía más severa de las últimas seis décadas, así como falta de inversiones en el sector energético, lo cual provocó que desde el pasado 23 de septiembre los cortes de luz fueran más prolongados, de 10 y hasta 12 horas de apagones.
La falta de fluido eléctrico complica las actividades cotidianas, laborales y productivas en el país, cuyo sector empresarial estima la pérdida de 12 millones de dólares por cada hora de desconexión.
A su vez, crece el rechazo al presidente Noboa por su gestión de la crisis energética, incluso la víspera hubo protestas estudiantiles en la sureña ciudad de Cuenca.
El mandatario anunció que en las próximas semanas se reducirán paulatinamente el tiempo sin corriente para el sector residencial, sin embargo, analistas advierten que esa decisión es demagógica y carece de un sustento técnico.
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