El portal R7 asegura que quien no resuelva su caso antes del 1 de enero queda impedido de tomar posesión y el segundo más votado heredaría el puesto.
Según la Constitución federal, un candidato solo puede asumir si cumple con todas las reglas de elegibilidad y no tiene ningún impedimento judicial en su derecho a ser votado.
Hasta que la justicia no evalúe cada expediente, estos regidores nominados están en situación indefinida.
El pretendiente demandado todavía tiene la oportunidad de tratar de revertir la situación a través de un recurso judicial.
Si apela y la Justicia acata su petición, podrá ocupar el puesto para el que fue elegido. Los votos anulados sub judice (en trámite judicial) son aquellos cuyo valor es cuestionado.
Esto sucede cuando un candidato es elegido, pero su aspiración enfrenta pendencias en la justicia, como problemas de documentación, irregularidades o incumplimiento de las reglas de elegibilidad.
Bajo tal situación, los votos recibidos por el candidato quedan congelados, es decir, no son validados inmediatamente.
Para que sea elegido oficialmente, es necesario que la Justicia Electoral analice el caso y tome una determinación.
Si es favorable, los votos son validados y él puede posesionarse en el puesto. De lo contrario, si los pareceres permanecen anulados, el aspirante puede perder la plaza.
Después del primer turno de las municipales, habrá un segundo (27 de octubre) para el cargo del alcalde, en 51 municipios, siendo 15 capitales.
En esa fecha, unos 40 millones de electores volverán a las urnas para elegir a la persona que los representará en el Poder Ejecutivo municipal.
Para ser elegido en la primera ronda, el candidato a alcalde de municipio con más de 200 mil votantes debió obtener la mayoría absoluta de los votos.
Analistas aseguran que las municipales resultan cruciales para la política interna de Brasil, pues sirven como especie de termómetro para medir la popularidad de las principales fuerzas políticas y anticipar posibles escenarios de futuros comicios generales.
Sus resultados impactan directamente en la distribución del poder político a nivel local y reflejan, además, la aprobación del Gobierno federal, en este caso la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus políticas implementadas.
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